Ley de inclusión…
LA MISMA EXCLUSIÓN
Desde el anuncio de la Reforma, que según versa, iría en defensa de la Educación pública, igualitaria y de calidad, han surgido varias preocupaciones que asoman en los diversos estamentos que conforman la educación en Chile: los sostenedores deben decidir y asegurar el destino de su negocio; los apoderados especulan sobre las dificultades que podrían surgir en lo económico o académico; otros apoderados sienten incertidumbre y temor respecto a si sus hijos serán aceptados, incluidos debidamente; y los docentes, que aún tambalean con la Nueva Ley de Carrera Docente, no tienen más que inseguridad respecto a su futuro laboral, así como también sobre los nuevos desafíos en el aula.
La Ley de Inclusión escolar comenzó a regir el 1 de marzo del año 2016, y según lo anunciado por el Gobierno, terminará con la discriminación, con el copago y defenderá la educación integral. Así, a partir de ésta y otras leyes que conforman la reforma, se intenta instalar un imagina rio de avance y mejora, que como docentes sabemos, es una farsa. La apuesta de eliminar la discriminación en los colegios es letra muerta; primero, porque no es la solución el tener salas de clases donde exista una diversidad de realidades, el problema central nunca ha radicado en que los diferentes estudian tes compartan o no la misma sala de clases. Es relevante comprender por qué se produce la discriminación, cuáles son los factores que generan las diferencias entre las posibilidades de aprendizaje de unos u otros estudiantes, independiente de los diagnósticos cognitivos. Estos factores tienen su origen en la desigualdad de condiciones materiales que son determinantes para el proceso de formación, por lo que el tipo de establecimiento no solucionará esta situación. En segundo lugar, esta apertura y libertad de poder estudiar en “cualquier” establecimiento, otorgando una supuesta “igualdad de condiciones” entre las diversas realidades económicas de las familias, tiene un límite, ya que sólo se podrá optar a colegios municipales y particulares subvencionados, pero no toca a los colegios privados, de calidad reconocida, que atienden a los sectores más acomodados. Es decir, al mismo tiempo que se pone sobre la mesa la no discriminación, la gratuidad y la no exclusión, se evidencia la brecha que hay entre la educación de los ricos y la educación del pueblo. Quienes tienen el privilegio de poder pagar, reciben a cambio la exigencia y calidad que propicia su contexto socioeconómico. ¿Por qué si esta ley se cimienta en la no exclusión, protege y no pone las mis mas reglas al sector privado? Una vez más se sigue reafirmando que hay una educación de calidad, pero es para un sector muy reducido; y que los sectores populares, sólo puedan “optar” a un cierto tipo de colegios, a un cierto tipo de educación. En resumen, esta ley no cambia lo sustancial, manteniendo la desigualdad que existe en toda la educación chilena.
Por otro lado, se crea la idea de diversidad educativa y cultural, que no es más que un resguardo de la diversificación del Mercado, para ser adicionados como factores para “mejorar la oferta”. Como no se logra mejorar la calidad, se propone la diversificación de proyectos acorde a un maquillaje de necesidades instala das en la sociedad, dejando en la responsabilidad y supuesta libertad de los padres, la elección de cuál es el establecimiento que desean para sus hijos. Es necesario hacer el alcance de que esta es una falsa elección, ya que lo que se ofrece en cada establecimiento en materia de formación educativa es lo mismo. En palabras simples, en vez de proponer un plan educativo universal para todos los establecimientos del país, se manipula la idea de “calidad” a partir de los Proyectos Institucionales, con lemas publicitarios y declaraciones de misión y visión como meros recursos de marketing, agitando factores que promueven la educación como un producto de consumo, sin ro zar siquiera el proceso educativo.
El más grave problema de esta Ley consiste en que su redacción aborda sólo aspectos de financiamiento, no de discriminación y la poco creíble “educación integral”; y en ningún caso, lo de mejorar los aspectos pedagógicos ni, de lo que aprenden nuestros estudiantes. Son los docentes de establecimientos municipales que enfrentan diariamente desafíos pedagógicos, que conocen bien esta realidad (los denominados “contextos complejos o vulnerables”), que a punta de vocación y orgullo profesional, son quienes soportan el brebaje amargo de un sistema y una sociedad que los enjuicia, califica y clasifica, sin considerar las condiciones precarias que tienen para ejercer su labor. Estos son también los temores de los docentes del sector subvencionado, que dicen carecer de herramientas para enfrentar contextos de aula más complejos, pero entre líneas, sólo es un vaticinio del futuro de precariedad laboral que padecerán de la misma manera que sus colegas del sector municipal.
La certeza de lo mencionado reafirma que el Gobierno dicta las reglas y pin ta un escenario de igualdad e integra ción, cuando en realidad queda a la vista la acción concreta de no tocar el negocio de la educación privada, a la cual el resto de la sociedad no po drá acceder. El Gobierno, en alianza con los mercaderes de la educación, puede conocer el problema, pero pri man los intereses económicos que a cualquier costo hay que proteger. Por último, monta una cortina de ideas en la opinión pública, responsabilizando a los docentes por los magros resulta dos en la enseñanza. Como país, nos enfrentamos a una situación digna de las distopías planteadas por la li teratura, un mundo absurdo, en que el Estado propicia los recursos eco nómicos resguardando el funciona miento del Mercado, desligándose de su responsabilidad de cerciorar una buena educación, y no sólo fiscalizar bajo estándares lejanos de la reali dad de nuestro país.
ESTUDIANTES “PREFERENTES” Y “PRIORITARIOS”.
¿Por qué calificar a algunos alumnos como “preferentes” y “prioritarios”? ¿No es macabro que dicha diferenciación sea para que los sostenedores obtengan mayores recursos en la medida que niños y jóvenes de los quintiles más pobres se eduquen en sus estable cimientos? El Estado otorga el dinero, pero ¿se asegura de que esos jóvenes aprendan?
Cuando esta ley menciona el fin del lucro, se debe comprender que tan to el fin del copago y las supuestas restricciones de financiamiento, no significan que el negocio de la educación termine, ya que el dinero subsidiado por el Estado, sigue ca yendo a las manos del sostenedor. Los recursos desviados a los sostene dores, son jugosas sumas, que ahora serán administrados por los directo res con plena libertad, cuya distri bución supone una fiscalización que bien sabemos será deficiente, a no ser que el desfalco sea de propor ciones y salga a la luz pública como un abuso aislado. Para el caso, los alumnos denominados como “prefe rentes y prioritarios” son de con veniencia para el establecimiento, ya que el Gobierno otorga mayo res montos, lo que despierta e in centiva a que los colegios abran sus puertas a muchos estudiantes con esta nominación. ¿Es esta una real y franca actitud de ser inclusivos por parte de los establecimientos escolares? La respuesta es obvia.
Aunque la Ley de Inclusión pretenda aparentar “buenas intenciones”, no pueden considerarse como tal cuando el sentido de la ley va justamente en la dirección opuesta a romper con la exclusión. Las medidas anunciadas como grandes trans formaciones ponen un punto más acá y quitan otro más allá, con el objetivo de acomodar el funciona miento de la estructura sobre los mismos pilares originales. La des igualdad fundada por las diferencias de clase siguen existiendo, la vida de nuestros estudiantes seguirá de terminada por la posición social y económica; por lo tanto, seguirán existiendo escuelas para ricos y es cuelas para el resto. Aprovecharse de la corriente populista de moda no es más que una forma oportunista de legitimar la Ley, creando una virtual solución a la discriminación a partir de estrechar diferencias culturales, religiosas e intelectuales al interior de la escuela.
Como profesores, una vez más deberemos hacer frente al mismo o peor escenario complejo de educar. Ante ello debemos prepararnos para afrontar nuestra labor, en tanto docentes y en tanto trabajadores. Sólo nosotros tenemos la responsabilidad de asumir la lucha desde nuestra organización y conciencia, sin atomizar la condición indisoluble de ser profesores y trabajado res: defendiendo nuestra vocación profesional que se ve amenazada permanentemente por las condiciones en que nos desempeñamos; activamente preocupados por la importancia de contar con las capacidades para enseñar, peleando por una buena formación de los nuevos profesores, y en contra de esa paradojal forma burocrática e ineficiente evaluación docente, que sólo sirve para apuntar el dedo acusador sobre los colegas, escondiendo la responsabilidad de las universidades en la generación de profesionales. Tenemos que potenciar esa identidad que tenemos como colegas, organizándonos y apoyándonos como gremio, denuncian do las verdaderas intenciones de quienes legislan y también de las dirigencias moderadas, que privilegian la disputa entre ellos, encima de las reivindicaciones sentidas de todos nosotros, que pasamos todos los días en las escuelas y liceos. La dignidad docente debe dejar de ser sólo una demanda reivindica da en carteles, hacerse digna en la lucha consecuente por otra forma de entender y hacer diariamente la educación de nuestros alumnos.