2023: UN AÑO DE AGRESIONES, DESPIDOS Y ABANDONO TOTAL
Para cualquier docente del país el 2023 será recordado por el alza en los niveles de agresión y violencia al interior de las escuelas, la gran cantidad de despidos de fin de año y la falta de apoyo real para el ejercicio de enseñanza. Erróneo sería pensar a esta altura en la pandemia como responsable, cuando en verdad se trata de una crisis profunda del sistema escolar chileno que se manifiesta en diversos hechos, todos los días. De ahí el famoso comentario: “pucha’ que está difícil hacer clases”.
Un profesor golpeado en el suelo por su alumno en Buin o la ejecución de un disparo al interior de un aula en Pudahuel, son tan solo la expresión más brutal de una pérdida de respeto general hacia nuestra labor que se arrastra hace décadas, así como lo es también de un marco jurídico y cultural cada vez más permisivo que prácticamente es incapaz de resguardar climas sanos de convivencia y hacer que la escuela tenga un ambiente propicio para el aprendizaje. Sumemos el colapso de las redes externas y la falta de recursos para abordar preventiva y oportunamente los casos, más el interés económico de los sostenedores de no perder matrículas ni subvenciones por asistencia, que convierten nuestro espacio de trabajo en un lugar donde reina la sensación de impunidad y ausencia total de respaldo.
En el tan olvidado ámbito académico, como cada fin de año, vimos nuestro esfuerzo profesional tirado al tacho de la basura gracias al decreto 67 (2018), que injustamente fomenta que se consideren variables externas al estudiante para su promoción escolar (situaciones judiciales, precariedades socioeconómica, acompañamientos deficientes de especialistas, por ejemplo), sin importar los aprendizajes obtenidos ni los grados de asistencia durante todo el proceso, dando como resultado que la repitencia sea casi inexistente y el progreso en estos ámbitos, nulo. En otras palabras, nos enfrentamos a un sistema de enseñanza cada vez más flexible que entiende la repitencia como una acción punitiva, pero que tampoco garantiza una formación de calidad a nuestros estudiantes donde los conocimientos, las evaluaciones, las retroalimentaciones y el compromiso escolar tengan algún sentido, pues al final… una simple nota basta para pasar de curso.
Las alzas y el costo de la vida también resintieron los bolsillos de los maestros, que sumidos en deudas y salarios que se hacen agua, debieron además resistir una inusitada oleada de despidos en diciembre debido a las mismas razones económicas de siempre que defienden los empleadores para mantener sus negocios a flote, afectando aún más la estabilidad laboral de nuestro sector. Las únicas diferencias, podría decirse, fueron que en el 2023 se suspendió el congelamiento de subvenciones por asistencia sostenido desde la pandemia y muchas administraciones municipales ajustaron sus dotaciones en vías del traspaso a SLEP. De todas maneras, quedó en evidencia una vez más la injusticia a la que nos vemos expuestos detrás de decisiones arbitrarias o criterios del mercado que no miden realmente la función ni el impacto que cumplimos en las comunidades educativas.
Y PARA EL MINEDUC ¿CUÁNDO SERÁ PRIORIDAD LA EDUCACIÓN?
Resulta incomprensible que un gobierno cuyas personalidades levantaron las banderas de la educación, muestre tanta desconexión y desinterés en esta materia.
No olvidemos que en enero del año pasado, después de mucho esperar, el entonces ministro Ávila (RD) impulsó el Plan de Reactivación Educativa que se caracteriza por su bajísima cobertura e impacto, y por ser la excusa para que los políticos, académicos y empresarios de la educación sigan lucrando con esta. Basta recordar el poco alcance, la falta de seriedad y la mala calidad del Plan Nacional de Tutorías para darnos cuenta de que esta iniciativa no fue más que una solución parche al gigantesco problema de lectoescritura y de paso un gran negociado para fundaciones; o la nómina de “expertos” convocados al Consejo Asesor durante el primer semestre, constituido por los mismos que han administrado y dado estabilidad al modelo educativo de mercado que hoy hace estragos.
Hasta la fecha no es conocido el aporte concreto del plan ni modificaciones proyectadas para este 2024. Solo hemos escuchado a las autoridades decir que “ahora sí la educación será prioridad”, pero con un presupuesto nacional que incrementa apenas un 4,2%, o sea, nada nuevo en comparación con años anteriores y una cifra completamente insuficiente para impulsar una verdadera recuperación de aprendizajes. En agosto pasado, en medio de paros docentes y de educadoras Integra, vimos un cambio de ministro con Nicolás Cataldo (PC) que permitió contener las movilizaciones en curso y dar continuidad a esta política sin mayores aires. Lo realmente paradójico es que esta medida pretende alcanzar sus pobres objetivos educativos mientras que en diciembre son desvinculados miles de profesores en Chile, cuando es de sentido común que la excesiva rotación en los colegios afecta directamente el vínculo pedagógico con estudiantes e impide consolidar trayectorias escolares de calidad. Una contradicción realmente asombrosa.
La figura del nuevo ministro, que al igual que el anterior venía con la chapa de “ser profesor”, pasa sin sobresaltos. No hay críticas al modelo de financiamiento, ni a la evaluación docente, ni al funcionamiento de la JEC u otros temas urgentes. Al contrario, su responsabilidad en la tramitación de la Ley de Nueva Educación Pública y Carrera Docente en el gobierno de Bachelet, su papel en la administración del primer Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chile, más su experiencia en el mundo burocrático del Colegio de Profesores, nos deja donde mismo, demostrando a todas luces que de plumón y pizarra ha estado bien alejado.
La crisis de la educación pública hizo destellos públicos en varias ocasiones, siendo lo más noticioso el conflicto del SLEP Atacama con un paro de 65 días que mostró la cara más fea de los graves problemas de infraestructura y recursos en la instalación de los Servicios Locales en todo el territorio nacional, situación que alerta a cientos de comunidades y que ha obligado a las autoridades a postergar los traspasos por no reunir las condiciones mínimas (actualmente operan 11 SLEP y este año entran en vigencia 4 más: Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes). Sin embargo, ante las evidentes irregularidades de gestión, los escandalosos robos millonarios y convenios celebrados con el mundo privado, los retrasos en la entrega de recursos y pagos a los trabajadores, sin hablar de los severos déficits financieros que envuelven al 60% de los municipios ni los delirantes resultados en PAES o SIMCE, las actuales autoridades no dudan en afirmar que más allá de los “casos excepcionales”, después de 7 años de Nueva Educación Pública las “experiencias son extraordinariamente positivas en lo pedagógico”.
Los profesores, acostumbrados a la inexistencia de medidas que transformen la educación, si algo de optimismo pudimos haber tenido con la promesa de la condonación del CAE o el saldo a la Deuda Histórica, todo se vio abortado por el rechazo a la reforma tributaria. Pero la incapacidad de este gobierno para efectuar reformas y depender de otros para sacar adelante las promesas de campaña realmente ya parece burla. Habrá que ver en marzo qué acciones impulsará la cartera y cuántos recursos destinará a los establecimientos para dar cumplimiento a la Ley TEA, ya que sin cuestiones básicas en lo inmediato como protocolos, capacitaciones e infraestructura, el papel resiste mucho pero la educación de nuestros niños y jóvenes sólo empeora y se empobrece.
SILENCIO CÓMPLICE Y… AGUILAR, NUEVAMENTE
El silencio cómplice del Colegio de Profesores con el actual gobierno se expresó en la incapacidad de exigir mejoras efectivas en los ámbitos urgentes de la educación. En sintonía con la idea de no molestar al oficialismo, las dirigencias impulsaron un paro docente en agosto que no sirvió más que como maniobra para posicionar electoralmente a dirigentes en un año de renovación del directorio. El pésimo manejo de la movilización generó una nueva sensación de derrota al profesorado chileno y un aumento en la falta de representatividad y desconfianza con el gremio. Como expresión de ello, se han “descolegiado” más de 7 mil docentes en los últimos tres años del periodo conducido por Carlos Diaz Marchant, provocando que la organización entre progresivamente en una caída de representaciòn llegando a menos del 17% de los profesores de Chile con una crisis financiera interna que puede ser aún más aguda.
Por otro lado, la llegada de Mario Aguilar a la presidencia por segunda vez, nos remite a la sequía de lucha en los años previos al estallido social, donde solo impulsó acciones de movilización en el año de elecciones del cuerpo colegiado con demandas que no fueron resueltas en el extenso y disperso petitorio del paro de junio del 2019. Y desde esa fecha, las demandas no han llegado a buen puerto en decenas de mesas de negociación. El saldo a la deuda histórica, el pago de la mención a las profesoras de educación diferencial y párvulos, junto con medidas para acabar con el agobio laboral en todas sus variables no han sido resueltas. Por lo tanto, cantar victoria con el término de la “Doble evaluación docente” tramitado en octubre pasado es completamente un error, cuando el problema de fondo sigue intacto y en nada mejoran las condiciones para el desarrollo profesional.
Al parecer este año seguirá la misma lista de peticiones, pero con menor adherencia y confianza al Colegio de Profesores y al ejecutivo. Es difícil pensar que en el período restante de gobierno se acabe el silencio cómplice entre los dirigentes y las autoridades. Lo que es un hecho, y de gran preocupación, es que los profesores cada vez pesamos menos en el escenario político y no nos sirve una organización debilitada cualitativa y cuantitativamente.
Y A LOS PROFESORES: ¿QUÉ CAMINO NOS QUEDA?
Debemos asumir, sin altas expectativas, que la educación no será parte importante de lo que queda de gobierno por más que las autoridades hagan la autocrítica al respecto, pues en la actualidad la voluntad política solo alcanza para buscar acuerdos en las reformas de pensiones e Isapres y alguna medidas asociadas al tema de seguridad pública. Con la excusa de la falta de dinero por no pactar la reforma tributaria como única fuente de financiamiento, los cambios en educación, una vez más se verán desplazados.
Mantener el silencio y la inmovilización de nuestro gremio solo beneficia a los empresarios de la educación y su administración en establecimientos, fundaciones y agencias técnicas. En contraposición, el empobrecimiento de las condiciones de trabajo en las escuelas y liceos aumentará como cada año, así que será fundamental luchar colectivamente por un conjunto de demandas que pongan en el centro la dignidad de los docentes.
Preguntarse por cómo debe ser un nuevo sistema de desarrollo profesional, cómo debe organizarse pedagógicamente la jornada escolar, la importancia de la estabilidad y un salario digno nos permitirán tomar posición y avanzar con mayor conciencia en las luchas que debemos dar. Para esto, el 2024 tiene que ser un año de recomposición y creación de organización al interior de nuestras escuelas y comunas, fortaleciendo y ampliando el rol de los sindicatos, comités de bienestar y consejos de profesores, estimulando la participación mayoritaria y real de los docentes en las definiciones pedagógicas y de convivencia escolar que se tomen en los establecimientos. Este 2024 debe ser un año de movilización docente contra el actual sistema de evaluación, la jornada escolar completa, los bajos sueldos y la inestabilidad laboral.
En nuestros espacios de trabajo, debemos actuar unidos para enfrentar las adversidades que se susciten sobre todo al inicio del año escolar donde mayor importancia toma la normalización y el desarrollo de estrategias para estimular los ambientes de aprendizajes.
Junto a lo anterior, se hace cada vez más necesario construir una organización docente que encarne con vocación transformadora los problemas de los docentes de Chile. Que cuente con un proyecto alternativo al actual modelo neoliberal, que sea multitudinaria y no se deje engañar o golpear por los que hoy están sentados en las oficinas de La Moneda o grandes empresas educativas. Una organización que amplifique la voz de miles de docentes que día a día construyen comunidades educativas con alegría, vocación y rebeldía. Hoy más que nunca es necesario un Pueblo Docente dispuesto a luchar.
