La propuesta de cambio curricular: Derecho a elegir para unos pocos, precarización del conocimiento para una mayoría
Agosto 2019
Después de tres años de tramitación, el Consejo Nacional de Educación (CNE)1 aprobó la reforma a las bases curriculares para tercero y cuarto medio, haciendo cumplir uno de sus objetivos de la reforma educacional: la modernización curricular. La medida causó una amplia polémica en distintos sectores: estudiantes de pedagogía, profesionales de la cultura y las artes, personajes políticos y campo académicos, premios nacionales y, obviamente en nuestro propio sector docente. Tal fue su impacto y la necesidad de rechazarlo, que logró conformar uno de los puntos del petitorio negociado con el Ministerio de Educación.
¿De qué trata el cambio?
Desde el año 2016, la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE)2 comenzó a elaborar una propuesta de cambio curricular para las asignaturas de tercero y cuarto medio de enseñanza Científico Humanista (HC) y Técnico Profesional (EMTP), la cual consiste en establecer, además de un plan electivo, dependiendo de la modalidad de cada establecimiento, un plan común de 14 horas que consta de 6 asignaturas obligatorias (Lengua y literatura, Matemáticas, Inglés, Filosofía, Ciencias para la Ciudadanía y Formación Ciudadana), 2 horas de formación general electiva (en las que el estudiante deberá optar entre Religión, Artes, Educación Física e Historia, Geografía y Ciencias Sociales) y horas de libre disposición, las cuales cada establecimiento tendrá que impartir en asignaturas dependiendo de su proyecto educativo.
Fundamentos del cambio
Esta propuesta se fundamenta en parámetros internacionales estandarizados delineados por agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que, en síntesis, pregonan los mandamientos de la “adaptabilidad a los desafíos del mundo globalizado”, el uso de tecnologías para enfrentar la “velocidad del conocimiento”, la sustentabilidad empresarial para hacer frente a la crisis medioambiental mundial y la conformación del nuevo ciudadano del S. XXI, que se adapta a las nuevas relaciones laborales (flexibilidad laboral3) y valida las nuevas formas de participación democráticas como consultas ciudadanas (muchas veces online) y el voto electoral como único camino para transformar su realidad. Este nuevo ciudadano, a su vez, no asume el camino activo de la organización colectiva y rechaza rotunda- mente las expresiones radicales y/o de violencia política en defensa acérrima del status quo.
Los argumentos de la propuesta curricular
Esta propuesta curricular se sustenta en cuatro objetivos que le permiten al Mineduc (a través de la ministra Mar- cela Cubillos) y al Consejo Nacional de Educación (por medio de su presidente, Pedro Montt) argumentar un discurso de buenas intenciones. Sin embargo, tal discurso mediatizado por la prensa oculta los verdaderos propósitos de esta reforma: precarizar aún más el conocimiento al que acceden la mayor parte de los estudiantes del país. A continuación presentamos los argumentos del Ministerio de Educación.
Un argumento importante que resuena desde los distintos defensores de la propuesta, es que con ella se pretende alcanzar la supuesta integralidad de la formación de los estudiantes, al igual como lo pretendía el discurso de la Jornada Escolar Completa (JEC). Supuestamente, a partir de esta propuesta, se avanza hacia la “interdisciplina” en la medida que los alumnos pueden “extender y profundizar su Formación General y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad” (Mineduc). Asimismo, se habla del establecimiento de una base cultural común materializada en el Plan Común para el Científico humanista, Artística y Técnica Profesional. De esta forma dan pie al segundo argumento para defender la propuesta, la reconocida equidad o la idea de “emparejar la cancha” para establecer la “iguales oportunidades de profundización, flexibilidad y electividad a los estudiantes de todas las diferenciaciones [Humanista-Científica, Técnico profesional, y Artística]. (Mineduc) ”.
El tercer argumento radica en la idea de dar mayor libertad de elección a los estudiantes a través de la capacidad de elegir sus ramos. En este sentido la llamada “electividad” generaría mayor compromiso e involucramiento de estos con sus procesos formativos. Además “entregaría espacios de libertad y participación a los estudiantes que les permita ejercer la toma de decisiones responsable, promoviendo la autonomía, el juicio crítico, el compromiso, flexibilidad, creatividad y participación. (Mineduc)”.
El último argumento que da una explicación coherente a la propuesta es la transversalidad de la formación ciudadana en tanto, se crean la asignatura de Formación Ciudadana (a cargo de los docentes de Historia) y Ciencias para la Ciudadanía (a cargo de los docentes de Ciencias). La necesidad de instalar el ciudadanismo radica en el diagnóstico que el mismo modelo plantea: existe una deslegitimación de las personas hacia la democracia actual, esto se manifiesta en la poca participación electoral y el desconocimiento que el “ciudadano de a pie” posee sobre la institucionalidad democrática4. Por esto, se instala la necesidad en torno a la “Formación Cívica” y sus fundamentos éticos filosóficos, la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y con conciencia medio ambiental que se forjará en la enseñanza de las “Ciencias para la Ciudadanía”.
El lado oscuro de la propuesta: más precarización del conocimiento escolar
Si bien el discurso de los defensores de la propuesta curricular es coherente y demuestra una serie de buenas intenciones, oculta muy bien su verdadera cara: precarizar aún más el conocimiento al que acceden los estudiantes de la mayor parte de los colegios de Chile. Lo anterior encuentra una explicación si analizamos el rol que cumple la electividad en esto, pues se deja en manos del sostenedor la priorización de los ramos electivos (flexibilización curricular) en las llamadas “horas de libre disposición”, significando una reducción en las horas de asignaturas como Historia, Artes y Educación Física.
Sumado a lo anterior se evidencia una reducción de contenidos curriculares, manifiesta en la disminución de objetivos de aprendizaje con justificación de que el currículum nacional es muy rígido y con muchos contenidos. Como solución a esto, la propuesta promueve la necesidad de reducir o acotar los conocimientos para priorizar en las habilidades o “competencias que los alumnos requieren para enfrentar una sociedad cada vez más cambiante e incierta”. El problema de esto es que el estudiante se quedará con una base de conocimientos mínima y funcional para sus intereses puntualmente laborales, interpuestos por las “necesidades del mercado laboral5”, es decir, terminará siendo excluido de otros elementos culturales propios de las demás asignaturas, los cuales le permiten contar con herramientas sólidas para entender su realidad.
En el caso de los establecimientos técnicos profesionales, hace tiempo se viene evidenciando una estrecha relación con el campo empresarial en las llamadas “alianzas público-privadas”. Esto ha permitido a las distintas empresas contar con una fuerza de trabajo bajamente calificada y de bajo costo. Lo anterior ha tenido un impacto en los formatos curriculares de la enseñanza TP, en consecuencia, cada año se readecuan estándares, contenidos y competencias en estos establecimientos.
En conclusión, esta propuesta curricular ha permitido un posicionamiento de un discurso “ciudadanista” en educación que genera un relato que justifica tanto en los docentes como en los futuros trabajadores (ahora estudiantes) “la” forma de entender su rol político: la participación ciudadana en los trámites legislativos a través de las consultas y el voto electoral. Sin embargo, como ya lo dice la experiencia, la mayor parte de los estudiantes seguirán quedando excluidos de una educación de calidad, y es que sería iluso pensar que un modelo tan desigual y violento como el neoliberalismo chileno se lleve a cabo esto, de hecho, la principal contradicción de este modelo educacional radica en la existencia de una educación de calidad para unos pocos que pueden pagarla y una educación empobrecida e indigna para la gran mayoría de la sociedad. En la práctica, este decreto aplicará para los establecimientos que cuenten con todas las condiciones de gestión, infraestructura y recursos, es decir, no más del 15 % de ellos en Chile. En estos, la electividad sí tendrá un impacto positivo en los jóvenes, ya que desde pequeños comienzan a construir su proyecto de vida y su futuro laboral apoyados por sus familias y escuelas, lo que permitirá una real profundización de sus conocimientos. En contraste con lo anterior, nos preguntamos, ¿qué pasará con los establecimientos que no cuentan con los recursos, profesores o talleristas capacitados, salas de clases y espacios en general para implementar esta “actualización curricular”? Sucederá lo que pretende cualquier reforma llevada a cabo por los poderosos: profundizar aún más la desigualdad de clases existente entre los establecimientos ricos y pobres.
Los desafíos del Pueblo Docente
Creemos que esta reforma se mantendrá todo tal cual, pues nuestra situación laboral en esencia conserva los mismos problemas: agotadoras jornadas laborales, falta de tiempo para cumplir con el trabajo no lectivo (atender apoderados, evaluación de aprendizajes, planificación de clases, colaboración, informes pedagógicos, etc.), presión e incertidumbre por resultados en las evaluaciones, escasa disponibilidad y pertinencia de los materiales de trabajo, se mantiene el exceso de alumnos por sala y con diferentes necesidades educativas, entornos laborales cada vez más inseguros, y, como si fuera poco, equipos directivos autoritarios que no apoyan nuestra labor.
En cualquier caso, nuestros desafíos como docentes deben caminar hacia la superación de un simple rechazo simbólico a esta propuesta. Muy por el contrario, tenemos que asumir una actitud protagónica en nuestras escuelas y liceos, que nos permita influir organizadamente en la aplicación de este decreto a fin de evitar que se precarice aún más nuestro y la formación de nuestros niños y jóvenes.
- Consejo Nacional de Educación (CNE). Organismo autónomo al Ministerio de Educación encargado del desarrollo y la aprobación de las reformas curriculares
- Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). Organismo dependiente del Ministerio de Educación encargado de elaborar las Bases Curriculares, Planes y los Programas de estudio y de enviar las propuestas al Consejo Nacional de Educación. Está a cargo de mantener la coordinación con las Subsecretarías afines.
- La flexibilidad laboral en el caso de la docencia se manifiesta en la gran cantidad de docentes contratados a plazo fijo (contratas), esto genera que muchos profesores se vean obligados a trabajar en más de un establecimiento para poder completar horas. Mientras que para los sostenedores esta situación es causal de un aumento de la productividad (relación profesor-cantidad de estudiantes a los que le hace clase), la situación laboral de los docentes se precariza en mayor profundidad.
- En el caso del SIMCE 2018, en sus distintas dimensiones de evaluación existe los OIC (Otros Indicadores de Evaluación), entre ellos aparece un dato en el ámbito de convivencia escolar: uno de cada tres estudiantes cree que la mejor forma de resolver los problemas es por la vía de la violencia. Según el análisis, el 65% de los escolares dice que el fin justifica los medios para lograr la paz y el 66% está de acuerdo con que la ciudadanía castigue a los criminales por sus propias manos, como ocurre en las llamadas “detenciones ciudadanas”.
- Esto se manifiesta en que muchos alumnos optan por carreras con alto posicionamiento en el mercado laboral, donde abundan las ingenierías y carreras de la salud.