Plan Nacional de Tutorías: ¿Quién realmente se beneficia?
El pasado 3 de mayo, el Presidente junto al Ministro de Educación presentó el Plan Nacional de Tutorías, con el propósito de convocar a 20.000 voluntarios de todo el país que apoyen las acciones de fortalecimiento de habilidades de lectoescritura en estudiantes de 2° a 4 básico. La medida contempla, además, la entrega de un kit pedagógico a los establecimientos, anunciándose como uno de los puntos fuertes del Plan de Reactivación Educativa impulsado para este año.
Las tutorías podrán ser realizadas por estudiantes de pedagogía o de carreras ligadas a educación, así como por cualquier persona con escolaridad completa, sin antecedentes y habilitado para trabajar con menores de edad, quienes acompañarán durante 3 meses a 1 o 5 estudiantes priorizados por sus establecimientos, en sesiones semanales de carácter presencial u online, que pueden durar entre 30 y 60 minutos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunas voces del Colegio de Profesores critican que se busca reemplazar la labor docente y las autoridades celebran la rápida inscripción de 10.000 voluntarios argumentando que solo se trata de un “refuerzo adicional” al trabajo de los profesores, nadie advierte que varios empresarios de la educación comienzan a sacar las cuentas detrás de este potencial negocio.
Y es que… ¿a dónde van los millones con esta alianza público privada?
Como el trabajo de los tutores no es remunerado, la mayor cantidad de ganancias las recibirán dos fundaciones, hasta ahora desconocidas, que serán las únicas responsables de capacitar a los miles de tutores durante el 2023.
Otras, en paralelo, seguirán captando muchísimos recursos, como por ejemplo la red “Por un Chile que lee” (que integra a las fundaciones CMPC, Alma, Araucanía Aprende, Crecer con Todos, Hijos Lectores y Sara Raier de Rassmus, en alianza con centros de estudio de la Universidad de Los Andes, PUC y U. Chile). Todo esto sin considerar las compañías tecnológicas que darán soporte a las tutorías online en distintos lugares del país, ni las sumas millonarias destinadas a campañas comunicacionales para promocionar el plan.
Además, 30 facultades de educación en universidades junto con algunos Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales también se verán favorecidas, ya que sus estudiantes de pedagogía podrán convalidar sus prácticas profesionales con las tutorías, lo que evidentemente descontextualiza aún más la formación docente (pues no es lo mismo atender a un niño que un curso completo), pero genera condiciones favorables para que exista más egreso y titulación de estudiantes de pedagogía y, por lo tanto, un mejor escenario para la acreditación.
Entonces ¿de qué calidad estamos hablando?
Aunque se anuncie como una gran cruzada nacional para disminuir la brecha educativa generada por las malas decisiones políticas tomadas en pandemia (cierre prolongado de escuelas, retorno voluntario, clases virtuales sin soportes ni recursos, ausencia de planes para nivelar aprendizajes, etc.), lo que está claro es que la calidad de las tutorías dejará mucho que hablar.
Una hora por semana después de la jornada escolar, hasta completar 16 sesiones (aproximadamente 3 meses) que podrían ser de forma virtual, difícilmente permitirá revertir el descenso de aprendizajes propuesto por el Ministro. Si se acusaba como problema principal la “falta de conectividad” y era un hecho que nuestros estudiantes no aprendían a distancia ¿qué garantiza que ahora será distinto?
Resulta incoherente pensar que los problemas generados por la educación remota se solucionarán aplicando el mismo método. Además, la capacitación de los tutores que no tienen experiencia previa tan solo considera 3 a 5 horas, lo que da para pensar si realmente será tiempo suficiente para adquirir las competencias básicas y el conocimiento técnico. De ahí que la señal pareciera ser otra: se desvaloriza nuestra profesión ya que cualquier persona con un mínimo de preparación puede enseñar a leer y escribir.
Por otra parte, preocupa el hecho de que las tutorías sean “opcionales” para los establecimientos escolares que han sido priorizados. Esto porque las fundaciones solo ofrecen las tutorías, pero depende de las comunidades educativas aceptarlas e incorporarlas al trabajo interno con sus docentes. Es decir, queda a criterio de cada escuela y liceo (y de la buena voluntad de tutores que no decidan renunciar a la mitad del proceso) algo que debiera ser urgente, obligatorio y universal… ¿qué coordinación seria y eficaz se puede esperar entonces?
Como Pueblo Docente creemos que esta medida será incapaz de resolver los graves problemas educativos, pues no da garantías de una buena planificación ni de condiciones mínimas para realizar los reforzamientos escolares. Al contrario, primará el desorden y el voluntarismo, mientras sólo se beneficiará el mundo privado a costa del derecho a la educación que nuevamente se les niega a nuestros alumnos.
Debemos ampliar la denuncia de esta mala política y organizarnos en nuestros establecimientos para hacer de los Consejos de Profesores espacios que nos permitan efectivamente identificar las necesidades educativas y trabajar en acciones concretas orientadas a normalizar y nivelar aprendizajes, poniendo especial atención en aquellos estudiantes que más necesiten apoyo.