Una de las razones que explican lo anterior, tiene que ver con que la política ministerial de convivencia escolar ha fracasado. La aplicación real de los reglamentos de convivencia se ha ido flexibilizando y relativizando, ya que las sanciones cada vez son más “formativas” pero alejadas de sanciones ejemplares, pues muchas veces las toman equipos de convivencia descontextualizados de la realidad en el aula. Esto se junta además con la falta permanente de recursos para llevar adelante las medidas reparatorias, la crisis de las redes externas así como con el interés económico de los establecimientos de no perder matrículas ni subvenciones por asistencia. En la práctica, hoy los establecimientos no cuentan con ningún mecanismo efectivo que garantice un buen trato entre estudiantes y condiciones seguras para el ejercicio docente.
Por otro lado, existe un silencio cómplice desde el Colegio de Profesores que ha puesto el foco en otros temas dejando de lado lo esencial: las condiciones laborales y de aprendizaje en que nos desenvolvemos diariamente. Demandas como la suspensión a la doble evaluación, jornadas de educación no sexista, pago de deudas a los docentes, si bien son legítimas y necesarias, no tienen ni generan ánimo alguno de movilización por cambios concretos que apunte a dignificar nuestro trabajo.