EL ABANDONO DE LA EDUCACIÓN EN LA AGENDA EDUCATIVA DEL GOBIERNO JOSÉ ANTONIO KAST
El gobierno de Kast aterriza con firmeza, sacando adelante la aprobación de la reforma tributaria, que beneficia directamente a la megaempresa, generándoles todas las condiciones para que acumulen más en un panorama de estancamiento productivo local e internacional, en donde el empresariado chileno debe ajustarse a las sanciones arancelarias de EEUU. Esta ofensiva legislativa, que avanza sin ninguna oposición de los sectores organizados, pretende aumentar aún más los beneficios tributarios y legales al gran empresariado a costa de recortes al presupuesto social del Estado y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del país, proponiendo disminuir los años de indemnización por años de servicio, aumentar la polifuncionalidad contractual y la flexibilidad laboral con ajustes al Código del Trabajo.
En educación, la agenda es mucho menos ambiciosa, haciendo patente el abandono educativo de los temas centrales y por lo tanto más conflictivos. A pesar de esto, el Ministerio de Educación pretende dar señales de que se está trabajando por mejorar la educación, instalando el debate de las leyes como escuelas protegidas, los ajustes al SAE, la postergación de la instalación de los SLEP hasta el 2040 y la histórica discusión sobre salas cunas. Todas estas propuestas han funcionado como discursos que permiten desviar el debate a temas que no afectan el mercado ni resuelven la desigualdad educativa, más bien centran todo en un problema de seguridad escolar, de selección de matrícula y de administración del sistema público.
La pirotecnia de “Escuelas protegidas” y el falso respaldo a la autoridad pedagógica
Las escuelas y liceos son espacios que concentran los problemas de la sociedad y se expresan en múltiples dimensiones. Años de neoliberalismo han ido deshumanizando y desprotegiendo a los niños y jóvenes de nuestro pueblo, lo que en efecto ha desvirtuado el rol del conocimiento y los aprendizajes a tal modo que cada vez es más complejo cumplir con su tarea central. Esto lo constatamos a diario los profesores y asistentes que debemos trabajar por contener sin apoyo la expresiones de maltrato escolar, los gravísimos problemas de aprendizaje y vacíos pedagógicos, además de los cientos de casos de abandono y pobreza en la que viven nuestros estudiantes, desarrollándose en una entorno favorable que les permite justificar el dejar de ir a clases, el consumo temprano de drogas y entrar rápidamente en los índices de delincuencia juvenil que año a año aumentan sin freno.
En este contexto el gobierno impulsó y logró despachar la ley Escuelas Protegidas, que habilita la revisión de mochilas por motivos fundados y pretende sancionar la interrupción de clases.
Esto es un giro hacia el control y la represión para los liceos, intentando responder sin efecto real al fenómeno socioeducativo estructural de la violencia escolar. Para no entrar en las causas y la complejidad de una respuesta estatal a este grave problema, el gobierno lo intenta pasar por un tema de seguridad y orden público.
Ninguna medida contempla gasto fiscal nuevo, de modo que el apoyo psicosocial y su implementación quedan otra vez a cargo de cada sostenedor y la disponibilidades de las redes externas que no contienen el problema. El riesgo es que la autoridad pedagógica se intente restituir por decreto pero sin garantizar las buenas condiciones para el trabajo docente, deshumanizando el proceso educativo y rol protector que debe siempre cumplir la escuela. No queremos revisar mochilas, necesitamos un Estado sólido que desarrolle y lleve a las escuelas una política real de protección de la infancia, por eso demandamos más tiempo no lectivo y coordinación pedagógica para abordar la convivencia, protocolos simples aplicados con celeridad y financiamiento efectivo para los equipos psicosociales y docente. Ninguna atribución nueva reemplaza la necesidad de reducir estudiantes por sala ni de frenar el negocio con la pobreza social que llevan a cabo cientos de fundaciones y agencias técnico pedagógicas coludidas con las corporaciones educativas.
El vínculo profesor-estudiante también se ha visto trastocado por lo anterior, donde la autoridad pedagógica se ha ido deteriorando a causas del mercado del trabajo docente que lo ha tecnificado y mermado de cualquier valor cultural y social. Años de estas políticas le han arrebatado la pedagogía al profesor para envolverlo en la burocracia jurídica y la tecnificación de la labor, haciendo que los climas propicios para el aprendizaje no sean el foco central de la educación.
En este contexto no es raro que los problemas de la sociedad y de la educación se canalicen en el profesor. Apoderados pidiendo mano dura a docentes que no son responsables de la aplicación de reglamentos, que las malas notas de los hijos responden a un profesor que “no sabe explicar” o que los problemas de malos resultados en pruebas estandarizadas no responden a factores como la impuntualidad y el ausentismo crónico, el descenso y los problemas de aprendizajes no atendidos a tiempo: sino que es culpa de la didáctica del profesor. Todo esto no es nuevo, pero se ha ido agudizando gracias a políticas de mercado consensuadas los últimos 30 años. Este gobierno no ha planteado ninguna política que camine hacia la restitución de la autoridad pedagógica, sino más bien, lo degrada. En el caso de esta política, ninguna propuesta tiene un resultado directo que apunte a la valoración social y cultural de los docentes.
Educación pública, SLEP y desmunicipalización
El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley, Mensaje N.° 127-374, que posterga hasta 2040 la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública pendientes y flexibiliza los requisitos para que municipios con buenos resultados retengan sus escuelas. El propio presidente Kast defendió públicamente una pausa administrativa en los traspasos mientras se evalúan los resultados de los SLEP ya instalados, cuestión que no sería incoherente si se pretendiese traspasar los establecimientos de mejor manera a como se ha hecho a la fecha.
Pueblo Docente ya documentó que los SLEP no resolvieron ni resolverán los problemas de fondo: gravísimos problemas de infraestructura escolar, insuficiente cantidad de personal para abordar integralmente la complejidad de la convivencia escolar, inestabilidad laboral de los equipos y burocracia que limita el desarrollo de las escuelas y liceos. Creemos que solo fue un cambio de instalaciones, organigramas y relatos para que todo se mantenga tal cual.
Pero frenar la desmunicipalización no corrige esas falencias, sino que revive el modelo municipal que las originó y que dejó a la educación pública sujeta a la billetera de cada comuna. Por lo que es necesario luchar para corregir y fortalecer la Nueva Educación Pública con financiamiento basal y planes de transición reales para los SLEP en dificultad, en vez de usar sus falencias actuales como argumento para detener el proceso ni para abrir espacio a nuevos sostenedores particulares.
Postergan los SLEP al 2040 no solucionará los problemas históricos de la educación pública, esto funciona más bien como un “gustito” del gobierno que no pone foco en el fortalecimiento de los establecimientos públicos, si no por el contrario, reduce presupuesto generando un efecto directo en la estabilidad laboral de los asistentes y profesores, lo que generará despidos y recortes con el falso discurso de la sobredotación. Este es un motivo para impulsar una lucha sostenida que detenga el deterioro de la educación pública con una decisión distinta de los últimos años, pues estas son propuestas que se arrastran también del gobierno de Boric. Es más, la política de postergación de los SLEP la inició el ministro anterior Nicolás Cataldo con el decreto que permitía postergar hasta 4 años la instalación a fin de realizar los saneamientos administrativos para los traspasos.
La trampa de la Sala Cuna Universal: El negocio que precariza la infancia para salvar al empresariado
Esta propuesta de ley lo que busca es realizar una modificación a los requisitos y formas de financiamiento de salas cunas bajo el discurso de la “universalidad”, la cual esconde una lógica de segregación y privatización del cuidado de los niños. Primero, se busca derogar el decreto 203 eliminando el requisito de contar con más de 20 trabajadoras para poder acceder a sala cuna, siendo un servicio que debe ser asegurado independiente del tamaño de la empresa. Esta modificación daría paso a la creación masiva de salas cunas privadas en Chile al aumentar drásticamente la demanda, ya que según los resultados de la Encuesta CASEN 2022, solo el 13,8 % de los niños y niñas menores de 2 años asiste a salas cuna formales. Esta baja cobertura se ve igualmente reflejada en el Informe 2024 del Observatorio de la Niñez, el cual señala que apenas un 18 % de los menores de esa edad se encuentra matriculado en este tipo de establecimientos, por lo que habría cerca de 700.000 niños que no cuentan con este servicio o reciben cuidados informales. Segundo, la modificación a las formas de financiamiento consiste en que el empleador ya no estaría a cargo de la totalidad del pago de la sala cuna, sino que se reduce a un ínfimo aporte a la cotización del 0,3% sobre la remuneración imponible de todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Este cambio trae consigo una serie de consecuencias. En términos de financiamiento no solo produce que las empresas en la práctica se desliguen económicamente del acceso a salas cunas ya que la mayor parte ahora sería subsidiada por el Estado, sino que también la responsabilidad cae sobre los trabajadores que deben pagar la parte restante la cual estaría rondando los 200.000 pesos. Si el financiamiento ahora se encuentre en manos del trabajador implicaría que la gran mayoría de mujeres quede excluida de este derecho al no poder pagarlo debido a su alto costo, contradiciendo su carácter universal y destinando su acceso de manera focalizada sólo a sectores profesionales del área privada. La falsa universalidad se refuerza al revisar los datos entregados por el INE en el año 2025 los cuáles determinan que cerca del 30% de las mujeres de Chile trabaja informalmente, es decir, más de un millón de mujeres de facto no recibirán este beneficioso ni tampoco podrían pagar una sala cuna privada.
Por otra parte, en términos pedagógicos la lógica subsidiaria deja las puertas abiertas para un nicho de negocio en el cuidado de los niños a través de la apertura masiva de salas cunas privadas de cuestionable calidad. Esta es una de las principales críticas realizadas desde el gremio de las educadoras de párvulos, ya que, si bien el sistema educativo público como JUNJI exige que en sus centros educativos estén compuestos exclusivamente de profesionales de la educación, este no es una obligación en el caso de las instituciones privadas. Una de las prácticas habituales realizadas en instituciones privadas para abaratar costos es la contratación de trabajadores bajo la figura de “cuidadores” los cuáles no necesariamente son profesionales, lo cual el gremio de educadoras de párvulo denuncia que estaría provocando una tecnificación de su trabajo y la creación masiva de guarderías. Las consecuencias para el gremio serían graves, ya que no solo estaría afectando al desarrollo de los niños y niñas al recibir una educación inicial de peor calidad al ser impartida por personal no cualificado, sino que también desvaloriza el rol que cumplen las educadoras de párvulo en la sociedad.
En conclusión, podemos afirmar que la ley de Sala Cuna Universal no responde de ninguna manera a mejorar las condiciones de crianza en Chile. Por el contrario, solo se trata de un ajuste empresarial para maximizar sus ganancias, ahorrando los costos de contratación y privatizando el cuidado infantil. Del mismo modo la ley no cumple con el propósito de ser universal, ya que al depender una gran parte del financiamiento de la contribución del trabajador produce que solo los sectores profesionales de empresas privadas puedan acceder. La ley además tiene repercusiones graves para el mundo docente ya que busca reemplazar el rol de las educadoras de párvulo y precariza la educación de los niños y niñas en edades tempranas. Esta ley a pesar de que no fue promulgada en el gobierno de Boric ya que su aprobación fue aplazada estratégicamente para que sea comunicada por la nueva ministra de educación y así recibir con una buena aceptación al nuevo oficialismo, puede ser considerada como uno de los grandes fracasos del progresismo en materia educativa al ser una ley que solo busca beneficiar al mundo empresarial, realizando una nula inversión en infraestructura pública y empeorando las condiciones de crianza en Chile.
La educación TP: empleo precario disfrazado de “Talento Joven”
En los últimos años, se ha vinculado a la EMTP con el desarrollo productivo del país y su efecto directo en el mercado del empleo. El actual gobierno ve una oportunidad importante y propone un programa de “Talento Joven”, que implica aumentar los niveles de articulación entre los Ministerios del Trabajo y Educación a fin de potenciar las alianzas público privadas comenzando con 100 liceos en el país.
Desde una mirada sistémica, la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) cumple un rol no menos importante en el mercado chileno de la educación escolar, superior y del trabajo. En el 90% de las comunas existe este tipo de educación lo que representa más del 37% de la matrícula nacional de estudiantes (170 mil) y cada año egresan más de 75 mil, algunos directamente al campo laboral, otros al sistema de educación superior (48%) y muchos no siguen trabajando ni proyectan estudio a pesar de los más de 18 mil empleadores que suscriben sistemas de prácticas profesionales, según el Mineduc, esto año a año no ha logrado mejorar los altos índices de cesantía juvenil e informalidad en el empleo joven, por lo que la educación TP ha sido objeto de múltiples políticas tanto por su rol en el mercado laboral temprano como por contar con estudiantes con altos niveles de “vulnerabilidad social”, lo que sabemos es un nicho de negocio no menor.
El programa «Talento Joven» subordina los liceos TP a las necesidades de las grandes empresas, promoviendo empleo precarizado y cesantía juvenil sin garantías de continuidad laboral. No termina con el problema central de la educación TP, que tiene que ver con la precariedad educativa de cómo se imparte y el efecto en el futuro inmediato de los alumnos que no logran proyectar estudios ni trabajo.
La Formación Técnico-Profesional debe estar vinculada al desarrollo nacional y contar con la articulación de la EMTP y los proyectos de desarrollo industrial, comercial y científico y cultural en el nuevo proyecto educativo del Estado.
Los docentes seguiremos peor
La educación, el conocimiento y los aprendizajes caminan en un terreno pantanoso y poco favorable para miles de familias y estudiantes que ven en ello una forma de salir del circuito de la violencia, la drogadicción, la cesantía y la falta de oportunidades para vivir mejor. Estamos convencidos que si los establecimientos funcionarán bien, pueden cambiar la forma de ver el mundo en nuestros niños y jóvenes y ofrecer un camino distinto al someterse a una sociedad neoliberal injusta, desigual y degradante.
El abandono total de la agenda educativa permite mantener la mala formación de los profesores impartidas por universidades que ponen el foco en las ganancias más que en la buena formación de profesores. Los docentes por otro lado, intentamos educar regulados por un aparataje jurídico que burocratiza y nos despoja de herramientas para enseñar en un buen ambiente de aprendizaje.
El empeoramiento de las condiciones laborales seguirá igual en este periodo. Los recortes presupuestarios si bien han sido tendencia en los últimos periodos, antes llamados focalización, hoy son más radicales en la educación pública. Lo más probable es que esto genere mayores focos de despidos a fin de año, efecto que golpea directamente el desarrollo profesional docente y escolar de las comunidades.
En cuanto a la aplicación de la política de prohibición de celulares creemos que importante definir una alternativa desde los docente. Hoy existen dos miradas que validan el uso de celulares argumentando el uso pedagógico, otros colegas han manifestado que es una alternativa a la precariedad de la infraestructura pedagógica y ante la falta de salas de informática en las escuelas. Nosotros creemos que los celulares no se deben llevar al colegio. Esto a propósito de ofrecer una alternativa distinta a la adicción evidente de distintas generaciones que pasan horas en la pantalla en los pocos tiempos de convivencia familiar. La adicción de los estudiantes responde a esto mismo, lamentablemente son pocas las familias que por definición propia envían a sus hijos sin teléfonos a las escuelas. Debemos regularlos en salas y patios. Pero potenciar salas de informáticas con enseñanza de calidad en esa disciplina, como es igual de importante los laboratorios de ciencias y las bibliotecas y buena implementación deportiva. Es por esto que debemos luchar.
Nuestra alternativa
Ante el abandono educativo: Revolución educacional
Debemos volver a tener una voz política en el sector educativo, estimulando la reflexión de los temas centrales que fortalezcan nuestro pensamiento pedagógico, nuestra denuncia y nuestras demandas. La lucha de ideas nos debe permitir ampliar nuestra denuncia y movilización a más profesores, asistentes y estudiantes. Convencidos de cambiar todo lo que debe ser cambiado en una sociedad que no aspira a que nos eduquemos, trabajemos y vivamos mejor.
Tenemos que ser ofensivos juntos a nuestras comunidades escolares, transformando el malestar en propuestas y confrontación en todo el sector educativo. Debemos fortalecer nuestros sindicatos y espacios de organización trabajando para ello
Debemos impulsar la lucha por las siguientes demandas:
1. Luchar por poner fin a la JEC que no tuvo el foco en los aprendizajes de los estudiantes sino más bien darle el carácter de guardería a los colegios.
2. Fin a la Evaluación Docente por un nuevo sistema de desarrollo profesional
3. Fin al subsidio por asistencia. Presupuesto directo para infraestructura y personal.
4. Condiciones Dignas para Enseñar disminuyendo la cantidad de alumnos por sala, potenciando la infraestructura educativa y más tiempo no lectivo.
5. Sueldos Dignos y un trabajo estable para potenciar el desarrollo profesional de los docentes y escolar de las comunidades.
6. Sala Cuna Como Derecho Social: Financiamiento a cargo del gran capital y del Estado, con educadoras de párvulos profesionales y sin copago para la familia.
