Sala Cuna Universal: primero el bolsillo del empresario y por último la niñez

Son incontables los casos de familias que por falta de cupos en salas cunas y jardines infantiles son obligadas a tener que buscar establecimientos mucho más alejados de su vivienda o teniendo que recurrir al cuidado informal de bebés o niños a cargo de familiares o vecinos. Por otra parte, cada vez son más numerosos los casos de guarderías ilegales (con mayor o menor aceptación de parte de la sociedad) debido a la incapacidad de poder costear los altos costos de salas cunas y jardines privados y frente a la incapacidad del Estado de ofrecer suficiente infraestructura pública para la demanda en educación parvularia. 

Entre los años 2024 y 2026 se calcula que el promedio nacional del valor de una sala cuna privada rondaría los 500.000 pesos, por lo que podemos afirmar que las familias tendrían que pagar casi un sueldo mínimo completo para poder acceder a este servicio.

Es en este contexto en donde vuelven las discusiones sobre la niñez y el acceso a educación en Chile, aflorando propuestas como la ley de Sala Cuna Universal. Esta propuesta que viene siendo discutida ampliamente desde el gobierno de Michelle Bachelet y que ha mutado a través del tiempo, pero en su origen responde a la necesidad que tienen las familias de dar un cuidado adecuado a los niños durante el horario laboral.

Algunas consideraciones previas para comprender Sala Cuna Universal

El servicio de sala cuna consiste en establecimientos educativos de administración pública y privada, encargados del cuidado especializado de niños durante sus dos primeros años desde su nacimiento. Para comprender el conflicto de la ley de Sala Cuna Universal se deben considerar dos factores: los requisitos y las formas de financiamiento. Por un lado, el requisito para acceder a este servicio según el decreto 203 del código del trabajo es que las empresas deben contar con 20 o más trabajadoras en su personal. Por otro lado, las formas de financiamiento en el caso del sector público son a través de aporte directo a instituciones como JUNJI, mientras que en el caso de los sectores privados es el empleador quien debe costear la sala cuna habilitando una externa al lugar de trabajo, construyendo o habilitando una compartida, realizando pagos directos a una institución elegida por el empleador o a través de bonos compensatorios en casos excepcionales. Esta última característica es lo que genera un conflicto de interés para los empresarios, los cuáles siempre buscarán conseguir la máxima ganancia de sus negocios, por lo que la sala cuna supone un obstáculo ya que aumenta –en palabras empresariales– “los costos de contratación, afectando así la productividad”, de la misma manera que lo hace el derecho a pre y postnatal. La concepción de que las mujeres son un mayor gasto para el bolsillo de los empleadores ha traído por consecuencia una mayor inestabilidad laboral, dificultando la inserción y permanencia de las mujeres en el mundo laboral. 

¿En qué consiste la ley de Sala Cuna Universal?

Esta propuesta de ley lo que busca es realizar una modificación a los requisitos y formas de financiamiento de salas cunas bajo el discurso de la “universalidad”, la cual esconde una lógica de segregación y privatización del cuidado de los niños. Primero, se busca derogar el decreto 203 eliminando el requisito de contar con más de 20 trabajadoras para poder acceder a sala cuna, siendo un servicio que debe ser asegurado independiente del tamaño de la empresa. Esta modificación daría paso a la creación masiva de salas cunas privadas en Chile al aumentar drásticamente la demanda, ya que según los resultados de la Encuesta CASEN 2022, solo el 13,8 % de los niños y niñas menores de 2 años asiste a salas cuna formales. Esta baja cobertura se ve igualmente reflejada en el Informe 2024 del Observatorio de la Niñez, el cual señala que apenas un 18 % de los menores de esa edad se encuentra matriculado en este tipo de establecimientos, por lo que habría cerca de 700.000 niños que no cuentan con este servicio o reciben cuidados informales. Segundo, la modificación a las formas de financiamiento consiste en que el empleador ya no estaría a cargo de la totalidad del pago de la sala cuna, sino que se reduce a un ínfimo aporte a la cotización del 0,3% sobre la remuneración imponible de todos los trabajadores (hombres y mujeres).

Este cambio trae consigo una serie de consecuencias. En términos de financiamiento no solo produce que las empresas en la práctica se desliguen económicamente del acceso a salas cunas ya que la mayor parte ahora sería subsidiada por el Estado, sino que también la responsabilidad cae sobre los trabajadores que deben pagar la parte restante la cual estaría rondando los 200.000 pesos. Si el financiamiento ahora se encuentre en manos del trabajador implicaría que la gran mayoría de mujeres quede excluida de este derecho al no poder pagarlo debido a su alto costo, contradiciendo su carácter universal y destinando su acceso de manera focalizada sólo a sectores profesionales del área privada. La falsa universalidad se refuerza al revisar los datos entregados por el INE en el año 2025 los cuáles determinan que cerca del 30% de las mujeres de Chile trabaja informalmente, es decir, más de un millón de mujeres no recibirían este beneficio ni podrían pagar una sala cuna privada.

Por otra parte, en términos pedagógicos la lógica subsidiaria deja las puertas abiertas para un nicho de negocio en el cuidado de los niños a través de la apertura masiva de salas cunas privadas de cuestionable calidad. Esta es una de las principales críticas realizadas desde el gremio de las educadoras de párvulos, ya que, si bien el sistema educativo público como JUNJI exige que en sus centros educativos estén compuestos exclusivamente de profesionales de la educación, este no es una obligación en el caso de las instituciones privadas. Una de las prácticas habituales realizadas en instituciones privadas para abaratar costos es la contratación de trabajadores bajo la figura de “cuidadores” los cuáles no necesariamente son profesionales, lo cual el gremio de educadoras de párvulo denuncia que estaría provocando una tecnificación de su trabajo y la creación masiva de guarderías. Las consecuencias para el gremio serían graves, ya que no solo estaría afectando al desarrollo de los niños y niñas al recibir una educación inicial de peor calidad al ser impartida por personal no cualificado, sino que también desvaloriza el rol que cumplen las educadoras de párvulo en la sociedad. 

En conclusión, podemos afirmar que la ley de Sala Cuna Universal no responde de ninguna manera a mejorar las condiciones de crianza en Chile. Por el contrario, solo se trata de un ajuste empresarial para maximizar sus ganancias, ahorrando los costos de contratación y privatizando el cuidado infantil. Del mismo modo la ley no cumple con el propósito de ser universal, ya que al depender una gran parte del financiamiento de la contribución del trabajador produce que solo los sectores profesionales de empresas privadas puedan acceder. La ley además tiene repercusiones graves para el mundo docente ya que busca reemplazar el rol de las educadoras de párvulo y precariza la educación de los niños y niñas en edades tempranas. Esta ley a pesar de que no fue promulgada en el gobierno de Boric ya que su aprobación fue aplazada estratégicamente para que sea comunicada por la nueva ministra de educación y así recibir con una buena aceptación al nuevo oficialismo, puede ser considerada como uno de los grandes fracasos del progresismo en materia educativa al ser una ley que solo busca beneficiar al mundo empresarial, realizando una nula inversión en infraestructura pública y empeorando las condiciones de crianza en Chile.

La crianza en Chile: una de las grandes deudas de la maternidad y la niñez

A partir del análisis de leyes como Sala Cuna Universal es que podemos comprender que las políticas dirigidas a crianza en Chile solo son discutidas en el plano económico, tratándose sólo de pequeños ajustes con mínimo impacto para las familias o propuestas que solo buscan beneficiar las lógicas de mercado, creando nichos de negocios o beneficiando directamente a los empresarios.

La falta de prioridad en la política de Estado en materias como salud y educación ha traído como consecuencia que miles de niños, niñas y adolescentes pierdan el enorme potencial de desarrollo físico, social y cognitivo. Sin embargo, es importante precisar que la falta de estimulación temprana no solo se debe a una “falta de voluntad política” como si se tratara de una descuido inocente, sino que esta se basa en una desigualdad estructural del sistema educativo. Según estudios realizados por la UNICEF, los ejes centrales para un desarrollo adecuado en la niñez temprana  involucran nutrición, protección y estimulación positiva, pilares en los cuáles Chile reprueba en todas como se presentará a continuación:

Respecto a nutrición, JUNAEB realizó estudios en el año 2025 en donde los resultados arrojaron que más de la mitad de los estudiantes presentaron sobrepeso, siendo especialmente alarmante en el nivel de prekinder. El mismo estudio revela que más de la mitad de los estudiantes que pertenecen al 40% más vulnerable del país presentan malnutrición por exceso en todos los niveles educativos. Otro estudio sobre alimentación infantil financiado por Nestlé posicionó a Chile como uno de los países con mayor déficit de vitaminas por malnutrición en las que se encuentra el déficit de cobre, calcio, zinc y principalmente vitamina D. Una dieta inadecuada no solo se debe a factores culturales –como comúnmente hacen los medios de comunicación al responsabilizar a las madres y padres de este problema–, sino que está vinculada con los niveles de pobreza material que viven las familias, en donde se prioriza la compra y consumo de alimentos más económicos, de peor calidad nutricional y ultra procesados. La falta de nutrientes suficientes tiene consecuencias directas en el aprendizaje de los niños y niñas, ya que son esenciales tanto para el desarrollo físico como el cognitivo. A partir de los datos presentados podemos afirmar que una parte importante de los estudiantes a los cuáles les realizamos clases estarían mal nutriéndose, siendo un factor perjudicial para sus aprendizajes. 

En materia de protección podemos referirnos al cuidado particular de los niños y niñas y las amenazas ambientales. El informe sobre violencia contra la niñez en Chile elaborado por la UNICEF en el año 2021 determinó que la mitad de los cuidadores consideraba que medidas disciplinarias positivas eran efectivas (felicitaciones, correcciones, besos, abrazos, etc), sin embargo, también develó que poco menos de la mitad de los cuidadores también considera que al menos una medida disciplinaria violenta es igualmente efectivas  (ignorar y/o gritar), mientras que una pequeña porción considera que incluso las agresiones son efectivas (golpear, sacudir, amenazar con dejar de quererlos o encerrarlos); respecto al castigo psicológico, las opiniones son divididas entre quienes declaran estar a favor, en contra y quienes ven pros y contras. Sin embargo, los resultados del estudio arrojan que los cuidadores suelen realizar con mayor frecuencia castigos de tipo psicológico que de índole física como agresiones. Por otra parte, según los resultados entregados por la encuesta CASEN el año 2025, un 46% de los niños y niñas viven en barrios con violencia crítica, es decir, que los miembros del hogar manifiestan haber vivido balaceras y/o amenazas en el último mes. El sentido de inseguridad también es respaldado por el estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez en el año 2025, en donde 1 de cada 3 niños sienten inseguridad de caminar solos por las calles cercanas a su hogar y/o escuela. La falta de protección, ya sea por ausencia de orientación y formación en los cuidadores o como consecuencia de la inseguridad en los entornos de residencia y estudio, refleja las deficiencias de la política estatal. Esta situación limita la capacidad de las familias para potenciar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, además de restringir las oportunidades de desarrollo únicamente en el espacio escolar.

Finalmente el eje de estimulación se define a partir de las interacciones entre los adultos y el niño de manera intencionada para incitar la atención cognitiva (leer, cantar, nombrar elementos, dibujar, pasear, etc). La estimulación por un lado, está relacionada con la valoración que tienen las familias de este tipo de actividades en relación al desarrollo de sus hijos e hijas, el cual puede entenderse como el aspecto cultural. Por otro lado, también se relaciona con los recursos concretos con los que cuentan para poder destinar a la estimulación, como por ejemplo la compra de libros infantiles o juguetes, como también de disponer de lugares como plazas en buen estado o instituciones como bibliotecas. Un estudio longitudinal realizado por la UNICEF entre el periodo 2010-2024 determinó que habría enormes brechas en el desarrollo infantil producto de variables sociodemográficas. Una de las variables de mayor resistencia a cambiar con el tiempo es el nivel socioeconómico de las familias, demostrando que aquellas de menores ingresos consiguieron peores resultados en vocabulario, desarrollo y gestión socioemocional debido a la falta de estimulación de sus familias. A partir de estos datos podemos afirmar que producto de la desigualdad en Chile las familias de menores ingresos ven comprometida sus posibilidades de estimulación temprana, produciendo que nuestros estudiantes alcancen menores grados de desarrollo cognitivo, emocional y social.

En conclusión, es posible sostener que las políticas estatales dirigidas a infancia, muchas de ellas canalizadas a través de instituciones educativas públicas como salas cuna, jardines infantiles y establecimientos escolares, no han logrado garantizar de manera efectiva los principales ejes del desarrollo de la niñez en Chile. A ello se suma una serie de problemáticas que han profundizado y agudizado la vulneración de derechos de niños y niñas, entre las que destacan el crecimiento sostenido de la atención en programas de protección especializada, el incremento del trabajo infantil y el alza de casos de abuso sexual en menores de edad.

Desde Pueblo Docente creemos que el problema de la crianza en Chile debe resolverse con la creación de un nuevo sistema de educación dirigido a primera infancia que ponga en el centro de la discusión el desarrollo integral de los niños y niñas, el involucramiento responsable de las familias en el proceso de crianza de sus hijos y un adecuado desarrollo profesional docente. La construcción de este sistema solo es posible a través de una amplia discusión que involucre a múltiples disciplinas, tanto de las ciencias de la salud como de la educación.  Este sistema para que sea realmente universal debe cumplir con una serie de características: 

→debe regirse bajo el principio inalterable de desarrollo integral de la niñez. →debe ser completamente público y gratuito para todas las familias. →debe contar con suficiente infraestructura para poder recibir a la mayor parte de la población infantil. →debe estar compuesta solo por profesionales de la educación para las labores de enseñanza. →debe elaborarse un plan de acompañamiento con profesionales de áreas de la salud y de la educación para las familias que decidan criar en casa. →debe garantizar una alimentación y nutrición digna.→debe garantizar un posnatal de al menos un año.