¿Se acabó la Deuda Histórica?
Un voto a cambio de migajas
La deuda histórica ha sido sin duda una demanda latente para nuestro gremio. La que se ha manifestado con más fuerza por las bases afectadas en la última década y fue uno de los grandes compromisos asumidos por la entonces candidatura de Gabriel Boric a cambio de que el gremio se inclinara por su figura en la moneda.
La Deuda Histórica, que tuvo su origen en dictadura, debido al incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, la que estipulaba un aumento en el sueldo base del sector público e introducía una «asignación especial» no imponible para los docentes dependientes del Ministerio de Educación de Chile y que luego del traspaso, o municipalización, fue desconocida por los nuevos empleadores o sostenedores de ese entonces. Esto fue una expresión más del abandono y la mezquindad que el Estado ha tenido con el profesorado durante décadas.
Lo anterior, sabemos que no sólo significó la disminución real del salario de los profesores en ejercicio, sino que los condenó, al finalizar su etapa laboral, a una jubilación de espanto que confinó y sigue confinando a miles de colegas a vivir bajo la línea de la pobreza.
Un total de 78 mil colegas se vieron afectados por esta deuda. Lamentablemente, ya han fallecido más de 20 mil. Restando solo 58 mil colegas potenciales de verse beneficiados ante una posible “reparación”.
Muchos gobiernos pasaron hasta que recién el 2008 con Bachelet I se generó el primer acercamiento con el concepto de “reconocimiento oficial de la deuda histórica”. Sin embargo, tras una década y media después, el actual gobierno del Frente Amplio y Apruebo Dignidad entregan una “propuesta de reparación” a nuestro entender irrisoria y que menoscaba aún más la dignidad de los docentes afectados. Así es, como el gobierno de “izquierda”, que supuestamente está de la mano con los sectores sociales y los trabajadores ofrece 4.5 millones para una “reparación”, a ser pagados de una forma aún más indignante, en un plazo de 6 años.
Tabla propuesta por Mineduc:
Hoy miles de docentes entre los 70 y 90 años, viven en condiciones de miseria, golpeados por las alzas y por las enfermedades y sus costosos tratamientos médicos. Como trabajadores, no podemos asentir a una postura que nos llama a aceptar la regla del “peor es nada” o asumir que “algo es algo”, casi dando las gracias al actual gobierno por su interés de reparar “simbólicamente” esta situación a los profesores. En paralelo, en promedio los funcionarios actuales de gobierno ganan sobre los 4 millones de pesos al mes y el ministro sobre 7 millones. ¿Qué sentido de urgencia y sensibilidad podríamos esperar?
Por otra parte, Mario Aguilar, presidente actual del Colegio de Profesores, se conforma con “algo de justicia” que otorga el Estado tiene un valor, pues viene a “saldar simbólicamente” el compromiso adquirido y que además representa un “pequeño alivio económico”. (Mario Aguilar, presidente del magisterio en entrevista, 23 de octubre radio Biobío).
En estos momentos, se extraña una posición más decidida y crítica. Por el contrario, más allá de ciertas aprensiones, el directorio nacional le otorga “libertad a las bases” para que deliberen y decidan. Esto, no es otra cosa que endosar la responsabilidad a los colegas afectados, donde seguramente muchos votarán considerando sus apremios económicos, su edad y guiados por “el posible fantasma de un futuro gobierno de derecha que puede volver todo a foja cero”.
Además, los colegas votarán en su mayoría sin deliberación previa e individualizados, pues es muy bajo el porcentaje de colegas articulados en organización. Por lo mismo, se esperaba una postura menos entreguista y tibia de parte de la dirigencia nacional, con el fin de apuntar con mayor decisión a exigir un acercamiento al menos a la cifra que recibieron 846 docentes por la sentencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de 86,5 millones de pesos.
En resumen, las promesas de campaña del gobierno que incluyeron como medio de cambio y compromiso la reparación de la deuda Histórica para las y los docentes jubilados hoy no es más que otra migaja que golpea no solo la dignidad de los afectados, sino la manera en que el Estado y la clase política en su conjunto ve y se relaciona con nuestro gremio, siempre utilizados como masa electoral en cualquier tipo de elecciones, en esta ocasión, recordemos que el anterior y actual directorio del Colegio de Profesores apoyaron explícitamente la campaña, llamando a votar por este gobierno pues apoyaría la reparación de la Deuda Histórica y condonación de CAE. Qué importante es, entonces, tener esto en cuenta en tiempos de “ofertones electorales” para castigarlos, no votando.
El Pueblo Docente debe ser capaz de construir con autonomía, decisión y lucha su propio camino a la emancipación y la dignificación de su rol, para esta situación, el profesorado debe exigir que el Estado transfiera directamente al menos un monto asociado al bono de incentivo al retiro (ley N.º 20.948) que aproximadamente bordea los 22 millones de pesos, esto como piso mínimo. Además, con heredabilidad en caso de fallecimiento del docente.
Ni los gobiernos progresistas ni los de derecha mejorarán las condiciones de trabajo y jubilación de los docente chilenos, debemos ser nosotros quienes logremos instalar demandas estructurales que conduzcan las mejoras y otorguen dignidad a nuestra labor, pensando en el presente y con una clara mirada de futuro. Por esta razón es trascendental un nuevo sistema de perfeccionamiento que ponga fin a la actual evaluación docente, el fin a la JEC, el fin al Decreto 67, sueldos dignos y un trabajo estable, Educación pública de calidad, una política de aprendizajes y convivencia escolar adecuadas al nuevo contexto, entre tantas otras demandas estructurales que deben ser debatidas y propuestas a nivel local y nacional.
Llamamos a no aceptar las migajas del gobierno, a no conformarnos con el “peor es nada”.
Transferencia directa, sin plazos irrisorios y heredable que considere como piso mínimo los montos del bono incentivo al retiro (22 millones).
Pueblo Docente octubre 2024